La investigación de las Fuerzas Armadas revela que, en contra de los datos de inteligencia, se trataba de un “recinto no cerrado con presencia de civiles”
Israel ha reconocido implícitamente fallos en sus servicios de Inteligencia militar en el bombardeo que el mes pasado causó la muerte de nueve civiles de un mismo clan familiar palestino, entre ellos cinco menores, en la franja de Gaza. El Ejército israelí ha difundido en la tarde de Nochebuena un comunicado sobre la investigación del ataque en el que admite que, “a pesar de que la actividad bélica se dirigió contra una posición militar (palestina), se trataba en realidad de un recinto no cerrado en el que había civiles presentes”.
La Revisión Posterior a las Operaciones (AAR, en sus siglas en inglés) de la Operación Cinturón Negro —la ofensiva contra las milicias de la Yihad Islámica en Gaza que se saldó con 34 palestinos muertos, de los que 16 eran civiles—, ha concluido con recomendaciones del Estado Mayor “con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, la repetición de hechos irregulares semejantes”.
Dos chabolas de chapa y madera situadas en las afueras de Deir al Balah, población situada en el centro de la franja de Gaza, quedaron desintegradas pasada la medianoche del 14 de noviembre por el impacto de misiles de alta precisión disparados por la aviación de Israel.
La investigación del Ejército israelí constata que hubo ocho “no combatientes desafortunadamente muertos” en Deir al Balah, sin incluir a un noveno civil que falleció día más tarde a consecuencia de las graves heridas sufridas. La revisión de la operación sostiene que “el objetivo había sido identificado como un recinto militar utilizado por la organización terrorista Yihad Islámica, desde donde se estaba llevando a cabo actividad bélica (…) en los mismo días de la Operación Cinturón Negro”. Cuando se planificó el ataque, asegura la investigación, “las Fuerzas Armadas estimaron que no se iba a causar daño a civiles”.
El bombardeo de Deir al Balah, la acción militar israelí que ha provocado mayor mortandad entre no combatientes desde la guerra de 2014 en Gaza, fue considerado “militarmente legítimo” por los portavoces castrenses, antes de que se anunciara la apertura de una investigación interna. Desde el anonimato para protegerse de las consecuencias legales, un exmilitar israelí reveló después del ataque supuestos fallos en la selección de los objetivos de la aviación. “En Gaza, la elevada densidad de población impide conocer con exactitud qué zonas están habitadas y cuáles no”, advirtió esta misma fuente, que prestó servicio en un equipo de observación e inteligencia que determina los posibles objetivos.
“Hace falta bastante tiempo y esfuerzo para poder establecer un lugar de interés con seguridad y fiabilidad”, agregó este militar en situación de reserva. “Pero a veces no se han completado todas las evaluaciones para obtener nuevas dianas, ante la presión de los mandos por ampliar los bancos de datos, y los objetivos más antiguos no se suelen revisar”.
El mismo informante desveló que no siempre se verifica la presencia de civiles en la zona antes de lanzar un ataque. “Se ignoran los protocolos y no se vuelven a aplicar estrictamente hasta que se produce un desastre como el Deir al Balah”, concluyó. La investigación publicada ahora por las Fuerzas Armadas asegura que dicho objetivo había sido aprobado el pasado mes de junio por la Sección de Inteligencia del Comando Sur, que dirige las operaciones en Gaza. “Fue además revisado en varias ocasiones posteriormente, la última vez en los días posteriores al ataque”, se precisa en el comunicado castrense difundido en la víspera de Navidad, que enfatiza que el bombardeo iba dirigido contra un “puesto militar en el que se había registrado actividad militar”.
“No hubo llamadas ni mensajes de texto a los móviles, tampoco se lanzaron octavillas ni hubo sobrevuelo previo de aviso de los aviones antes del bombardeo”, aseguraron familiares de las víctimas civiles palestinas en esa barriada rural de La Alberca de Deir al Balah, donde solo se observan las banderas amarillas de Fatah, el partido del presidente palestino, Mahmud Abbas, y no las enseñas negras de la Yihad Islámica. El cabeza de familia del clan, Ramsi Abu Malush, había trabajado como policía para la Autoridad Palestina antes de que el movimiento islamista Hamás derrocara en 2007 por la fuerza a Fatah en Gaza.
El jefe del Estado Mayor, general Avi Kochavi, según se asegura en el comunicado militar, considera que se cumplieron objetivos de la Operación Cinturón Negro —al eliminar a “25 terroristas” y destruir “un centenar de instalaciones (enemigas)”— para “eliminar una amenaza real contra civiles israelíes” a causa del lanzamiento de cohetes por la Yihad Islámica. Kochavi destaca que la investigación “analiza los éxitos logrados y errores atribuibles a las Fuerzas Armadas y expresa un compromiso de aprender la lección y mejorar”.
El lugar donde se encontraban las cabañas donde el clan Abu Malhus-Sawarka quedó diezmado por los misiles en nada se asemeja a un puesto militar. Es un terreno municipal donde familias campesinas beduinas construyeron su casa con sus propias manos. Los vecinos aseguran que no hay instalaciones de las milicias palestinas en esa zona, alejada casi un kilómetro de la ciudad, donde predominan los invernaderos de plástico y pastos de ganado. Un depósito de aguas construido gracias a la cooperación internacional, un almacén de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, y un taller de material de construcción rodean el área del ataque.