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El expresidente de la República francesa Nicolas Sarkozy está en custodia policial desde este martes por su supuesta relación con la financiación libia de su campaña electoral del año 2007, según informan la agencia Reuters y medios franceses.
Según asegura el diario Le Monde, el expresidente ha sido puesto bajo custodia en las instalaciones de la policial judicial en el distrito de Nanterre, a las afueras de París. Sarkozy fue citado en las instalaciones de la policía judicial para explicar los supuestos fondos que habría recibido del Gobierno libio -dirigido entonces por Muamar el Gadafi- para su campaña electoral del año 2007.
La comparecencia de Sarkozy, que responde por primera vez por estas acusaciones desde que se abrió la investigación en el año 2013, podría prolongarse hasta 48 horas antes de ser presentado ante el juez para un posible inculpación.
La agencia EFE asegura que uno de los jueces que ha dirigido esta investigación es el mismo que lo inculpó en otro sumario, en ese caso por los fondos para la campaña de 2012 en la que no fue elegido.
La detención del expresidente Nicolas Sarkozy sacude los cimientos políticos de Francia y, si se confirman las acusaciones, provocará un grave daño institucional, erosionará la confianza de los ciudadanos en sus líderes y ensuciará la imagen internacional del país. Sería muy grave que se constatara, en sede judicial, que un jefe de Estado francés llegó al poder con la ayuda de un dictador norteafricano que le hizo llegar sumar millonarias.
Hay otro elemento, además, tan serio como la financiación ilegal de una campaña electoral. Afecta a la política global de Francia y a un hecho –el derrocamiento de Moamar el Gadafi- con unas implicaciones geopolíticas que aún hoy se hacen sentir. La presunta ayuda del dictador libio a Sarkozy, una hipótesis que se hace más verosímil hoy con el interrogatorio de Nanterre, proyecta aún más dudas sobre los motivos de fondo de la intervención militar francobritánica, en el 2011. El planteamiento de aquella operación militar siempre se acogió con muchas reservas en Italia, por ejemplo. Silvio Berlusconi, otro personaje con vínculos con Gadafi, previno de las consecuencias funestas que podía tener esa guerra. ‘Il Cavaliere’ era realista y desconfiaba de los impulsivos Sarkozy y Cameron.
Siete años después cabe preguntarse por qué se actuó de aquel modo. Es obvio que había intereses económicos que proteger, el petróleo en primer lugar, así como la defensa de la tradicional proyección francesa en África –amenazada siempre por el intervencionismo de Gadafi-, pero crece ahora la sospecha de si silenciar al dictador libio, borrar huellas de su ayuda, era prioritario para Sarkozy, que afrontaba la reelección –fallida- en el 2012.
El derrocamiento de Gadafi produjo un vacío que se llenó con el caos, la fragmentación tribal y la infiltración de milicias yihadistas en Libia. El precio se está pagando todavía. Y hubo otra consecuencia que impacta sobre Europa: la ola migratoria masiva desde las costas libias, que se convirtieron en un Eldorado para los traficantes de personas.
El caso Sarzoky daña la reputación de la derecha francesa, de un partido, Los Republicanos, que estaba ya en horas bajas desde que Emmanuel Macron ocupó un ancho espacio central en la política francesa.
No es el primer escándalo de magnitud que afecta a un presidente o un expresidente en Francia. Valéry Giscard d’Estaign tuvo el caso de los diamantes que le regaló el dictador centroafricano Bokassa. François Mitterrand pasó apuros cuando los servicios secretos sabotearon –y hubo un muerto- el barco ecologista ‘Rainbow Warrior’ en el Pacífico. Pero los tiempos han cambiado y el nivel de tolerancia no es el mismo. La ‘grandeur’ francesa, la solemnidad republicana de sus jefes de Estado ya no es suficiente escudo protector. Su vulnerabilidad ha aumentado. No pueden sentirse inmunes. Cuando la justicia investiga y hay indicios, incluso los más poderosos tienen un problema.