El Consejo de Ministros alemán ha dado luz verde una reforma que retira a los ciudadanos europeos, no alemanes, el derecho a esas ayudas sociales. Hasta ahora eran ayudas poco menos que automáticas, pero en adelante, para acceder a ellas será necesario haber trabajado y cotizado cinco años en Alemania. Y Pedro no cumple ese requisito. «Hemos invertido todo lo que nos quedaba en venir aquí, habíamos superado ya lo más duro. Y ahora que por fin empezaba a hablar un poco alemán, creo que no nos quedará más remedio que marcharnos», ha declarado tras conocer la decisión.
Lo cierto es que Berlín ha optado finalmente por la versión más suave de la reforma y ha omitido incluir la expulsión de los ciudadanos europeos que llevasen entre tres y seis meses en Alemania buscando trabajo sin encontrarlo, tal y como aparecía en el capítulo V del primer boceto redactado por los Ministerios de Trabajo e Interior conjuntamente. Aun así, se trata de un paso atrás en la libertad de movimientos europeos, aunque el presidente de la federación alemana de municipios y provincias, Gerd Landsberg, defiende que «la libre circulación dentro de la UE no significa que los ciudadanos europeos puedan elegir el sistema social alemán, que cuenta con las prestaciones más completas», señalando que la legislación actual suponía un incentivo a un tipo de inmigración cuyas expectativas se centraba en el «abuso» de las ayudas sociales.
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La ministra de Trabajo, Andrea Nahles, ha justificado la medida como una reacción a una sentencia emitida el pasado año por el Tribunal Federal Social que reconocía el derecho de los ciudadanos europeos a solicitar ayudas públicas tras residir en el país más de seis meses y los efectos que esta tendría sobre el sistema social alemán, debido a la gran afluencia de trabajadores del Este. Lo cierto es que en la actualidad hay unos 10.000 españoles cobrando estas ayudas y en la estadística no consta cuántos de ellos llevan menos de cinco años en Alemania y dejarán, por tanto, de recibirlas.
Las ayudas denominadas Hartz IV incluyen unos 450 euros mensuales, más acceso a vivienda y facturas básicas, así como Kinderged, unos 150 euros por hijo. En total, 440.000 personas procedentes de otros estados de la Unión Europea cobraron en enero ayudas sociales. 130.000 figuran como «solicitantes de empleo». Los más numerosos son los polacos, unos 92.000, seguidos de los italianos, 71.000, búlgaros 70.000 y rumanos 57.000.