Las sanciones europeas

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Joaquín Aurioles explica cómo la decisión de anular la sanción por incumplimiento del compromiso de déficit a España y Portugal sienta un precedente contra la maquinaria de Merkel para impedir la indisciplina fiscal.

Pasó casi inadvertido el plazo para la ratificación de la propuesta de la Comisión Europea de anular la sanción por incumplimiento del compromiso de déficit a España y Portugal. Se daba por hecho y de ahí su escasa trascendencia, pero sus implicaciones pueden ser importantes en la medida en que sientan un precedente que podría desactivar la maquinaria impulsada por Merkel para impedir la indisciplina fiscal, cuyo procedimiento sancionador culminó en 2014, con el denominado Segundo paquete de medidas (two-pack).

La doctrina se remonta a los comienzos del euro, cuando tras el esfuerzo de convergencia nominal de sus primeros miembros se establecieron normas para impedir cualquier tentación de relajación en materia de déficit y endeudamiento público. Aunque se contemplaban sanciones, un instituto de investigación alemán ha conseguido identificar 165 casos de incumplimiento desde 1999. Uno de los episodios más sonados fue en 2003, con motivo del inicio de un procedimiento sancionador que afectaba nada menos que a Alemania, Francia e Italia, pero que finalmente se resolvió con un indulto político a todos, menos a Portugal, con la opinión en contra de Solbes, por entonces Comisario de Economía. Se justificó por las dificultades que atravesaban sus economías y por los esfuerzos de sus gobiernos para combatirlas. Especialmente en el caso alemán, cuyo ambicioso programa de reformas estructurales (Agenda 2010), incluida la del mercado de trabajo, supuso un elevado coste político para el gobierno de Schröder, pero permitió al país acabar con el desempleo y afrontar en condiciones ventajosas la crisis de 2008.
Las críticas se centran en que la decisión condena a la Unión Monetaria a la indefensión frente a futuros incumplimientos, pero chocan contra la opinión mayoritaria entre los economistas de mayor prestigio. El caso alemán en 2003 constituye un caso ejemplar de que condenar sin considerar las circunstancias particulares de cada país puede ser un error todavía mayor que el indulto. Francia tampoco ha cumplido sus compromisos, pero en ningún momento ha estado amenazada de sanción porque se reconoce que su gobierno ha hecho todo lo posible por conseguirlo. En España y Portugal no ha sido lo mismo. El mantenimiento de la amenaza hasta el último momento debe entenderse como advertencia sobre la deficiente gestión de la hacienda pública y de que los compromisos fiscales no pueden quedar en suspenso por motivos electorales, aunque finalmente se hayan reconocido las difíciles circunstancias de ambas economías, los sacrificios exigidos a la población y los resultados en términos de recuperación del crecimiento y el empleo. Implícitamente, también se reconoce la conveniencia de una interpretación flexible de las normas en función de las circunstancias económicas, lo que supone un cambio radical frente a la intransigencia de la doctrina Merkel en los años más duros de la crisis y, probablemente, también la aceptación de que, si la Eurozona no ha conseguido crear una autoridad fiscal con criterios de intervención solidaria en casos de recesión, carece de autoridad moral para impedir que lo hagan los gobiernos afectados.

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